Comienza una lucha por el agua en San Roque del Acebal. Las previsiones de crecimiento urbanístico de esta localidad llanisca parecen incompatibles con el suministro de agua actual. No hay para todos.
El pasado martes, a las nueve de la noche, la Junta de Aguas del pueblo llanisco, presidida por Ángel Borbolla, convocó, junto a la alcaldesa de la localidad, Rita Gómez, un concejo público. En la reunión los vecinos de la localidad se opusieron a que unas «120 viviendas, entre las que se prevén y las que ya están levantándose, y una decena de naves industriales», utilicen la red local. Eso sí, todos los vecinos, y como portavoces Borbolla y Gómez, quisieron aclarar que «no es que no queramos dar agua, es que no la tenemos».

El pueblo de San Roque se ha constituido como una Comunidad de Usuarios. El 6 de noviembre de 2003 se acordó legalizar el agua en la localidad. El proceso comenzó con dos años de trabajo conjunto con Confederación Hidrográfica del Norte (CHN).

La Junta de Aguas tuvo que censar, una por una, las cabezas de ganado, las actividades industriales, las hosteleras y, obviamente, las viviendas, y hacer una estimación del consumo. Así, CHN concedió el uso de agua para 350 personas y 517 cabezas de ganado. En total, 150.000 litros de agua al día que los vecinos tenían que recoger del manantial de Las Coradiellas, en la Cuesta de Purón. Ése es su tope y, desde entonces a esta parte, el número de contadores ha crecido. «Tenemos que contar con que siempre ha de quedar una reserva», explicó Borbolla, «porque, además, la ley nos impide hacer uso de todo el suministro».

Prueba de que no es capricho negarse a dar agua a las nuevas construcciones es que «lo que tenemos ya no es suficiente para nosotros mismos», aclaró Borbolla a los vecinos en la Casa de Concejo. Lo dijó mostrando facturas de hasta 2.000 euros que corroboran que «el pueblo de San Roque tiene que comprar agua en épocas de sequía».

La polémica surgió cuando «la pasada semana CHN nos informó de que había 8 naves nuevas y unos 20 apartamentos, en la zona de la Ford» y que, obviamente, «necesitarían abastecerse de agua». Tras acercarse al terreno en cuestión, Borbolla comprobó que «pretenden crear acometidas de una medida de 63 -cuando las de los vecinos son muy inferiores, de 25-, además los contadores estaban por la parte interior -los de San Roque están en la exterior para un mejor control- y las traídas generales están por debajo», indicó. Esto último, dice, «ocasionará problemas a largo plazo».

En varias zonas

Esa nueva zona urbanizada es sólo el principio porque, según calcula Ángel Borbolla, «las previsiones estiman la construcción de 120 viviendas» divididas entre la zona citada anteriormente, La Vega y La Concha. Y si los vecinos ya tienen que comprar agua en la época estival «resultará imposible abastecernos a todos».

Por otra parte están las directrices que marca la Ley. Como Comunidad de Usuarios, respaldados por la legislación, «para que entre un nuevo socio en esta comunidad hemos de votar todos los demás de forma unánime». Si alguno discrepa de dar agua a las nuevas construcciones la cesión no sería legal. Y viendo la oposición de la docena de vecinos que acudió el martes al concejo público parece ser que estas nuevas construcciones «en masa» no podrán tener agua del pueblo de San Roque.

Sin embargo, Borbolla planteó una posibilidad para que puedan beneficiarse del recurso. «En San Roque sí hay agua, el problema es que está bajo tierra», dice. Con lo que considera que la mejor opción «es que se haga un sondeo, se encuentre el agua y así puedan autoabastecerse con un sistema de bombeo».

Traerá problemas

Los vecinos creen que «esta historia traerá problemas». Lo dicen porque es sólo el principio. Prueba de sus palabras es que fuentes de la empresa promotora consultadas por este periódico aseguran que «se llegará hasta donde sea» con tal de poder dotar a las nuevas construcciones de un servicio básico y, por otra parte, exigido por el comprador de los inmuebles en cuestión.

Pero el problema del abastecimiento de agua en San Roque radica, tal vez, en las normas urbanas que consideran la zona que está construyéndose como suelo industrial compatible. Si un constructor paga una licencia tendrá derecho a recibir los servicios mínimos, aunque desde la empresa afectada no se posicionan al respecto.

Y en esas están ahora vecinos y constructores. Los primeros tienen la ley de su parte. Los segundos unos derechos que les corresponden. Nadie sabe en el tejado de quién está la pelota ni tampoco cuál será la solución final. Lo que está claro es que el agua de San Roque es de los vecinos y lo defenderán hasta el final, aunque, insisten, «no negamos agua a nadie, pero tenemos que pensar en que nuestros hijos también tendrán que hacer aquí sus casas para vivir en ellas». Ellos han hecho la red local (ya han renovado 12 kilómetros de tuberías) y un depósito pagado de sus bolsillos para poder gestionar por 20 años prorrogables el manantial. Son ellos quienes analizan el agua y, por cierto, a quienes la Consejería de Medio Ambiente, mediante una carta, les trasladó las felicitaciones correspondientes por mantener el agua en unas condiciones óptimas y por saber gestionar su consumo debidamente.

Su posición no es, sin embargo, contraria a que se construya en el pueblo. Sin embargo, consideran que debe hacerse en base a unas normas que están ya fijadas y teniendo en cuenta una serie de factores como, por ejemplo, buscar el suministro de agua en otras partes porque «aquí no hay para todos».

El Comercio digital, 09/04/09